PISA: ¿Y AHORA, QUÉ? (III)
PISA ha vuelto a señalar una evidencia incómoda: nuestro sistema educativo falla por la persistencia de inercias que degradan la exigencia y el saber, desorientan a los profesores y debilitan la autoridad intelectual y moral de la escuela. Conocida la enfermedad, toca hablar del tratamiento.
La prioridad no puede reducirse a otra reforma legislativa más. Hace falta una buena ley, pero no partidista, concebida para imponer el sello ideológico de quien gobierna. España necesita un marco común estable, ponderado y ambicioso, centrado en la formación integral de la persona y no sometido al vaivén de las mayorías parlamentarias o al activismo político y sindical.
Ese marco exige, ante todo, un verdadero cambio de paradigma: otro modelo de escuela. Para la izquierda, la educación es ante todo política, como decía Antonio Gramsci; no instrumento de perfeccionamiento personal, sino herramienta de transformación social bajo el dictado estatal. De ahí su resistencia a abandonar un modelo de “escuela única, pública, laica, feminista y woke”, pese a sus resultados cada vez más lamentables.
Frente a ello, familias, docentes y sociedad civil deben reaccionar con firmeza. La escuela no puede convertirse en laboratorio ideológico ni en oficina administrativa: debe volver a ser un espacio de conocimiento, disciplina intelectual, hábitos, carácter y libertad responsable.
La primera medida es cuidar la formación inicial del profesorado. No tiene sentido que algunas facultades de Educación dediquen más energía a consignas de moda (imposición lingüística, feminismo woke…) que a lo esencial: lectoescritura, cálculo, dominio de la lengua, cultura general, formación del carácter y atención personalizada. Cuando los tribunales de oposición alertan sobre la escandalosa presencia de faltas de ortografía graves entre aspirantes a maestros, o su falta de conocimientos y de cultura, el problema no es anecdótico.
También hay que respaldar la autoridad del profesor y liberar su trabajo de burocracia inútil. Si una parte sustancial de su tiempo se consume en trámites de dudosa eficacia o en intentar que haya silencio en clase, su labor pierde solidez y prestigio. La administración debe servir a la educación, no sustituirla ni atenazarla.
Hay que descender también a lo concreto: comprensión lectora, memoria, atención sostenida, esfuerzo, asistencia regular (de alumnos y profesores), conocimientos científicos y humanísticos, hábitos de estudio. Sin un currículo común exigente y reconocible, hablar de equidad es retórica vacía. Evaluar de manera fiable, eficaz y general los conocimientos fundamentales al final de cada etapa no es una obsesión selectiva, sino una garantía democrática. Sin estándares mínimos reconocibles, los más perjudicados son precisamente quienes menos apoyos tienen dentro y fuera de la escuela.
Los centros, además, necesitan una dirección con autonomía real para organizar equipos, impulsar proyectos, exigir resultados y rendir cuentas. La autonomía sin responsabilidad es coartada; la responsabilidad sin autonomía, ficción.
La llamada inclusión no puede consistir en negar las diferencias ni en ocultar los retrasos hasta que sea demasiado tarde. Deben aplicarse refuerzos tempranos, medidas de compensación e itinerarios diversos cuando sean necesarios. Personalizar la enseñanza es prevenir el fracaso.
Por último, las familias han de poder elegir centro conforme a su ideario y a su calidad, pero también deben asumir su responsabilidad insustituible: valorar el estudio, acompañar sin sustituir, exigir sin asfixiar y educar en honestidad, constancia, respeto, iniciativa y resiliencia. Ninguna ley salvará por sí sola una escuela si la sociedad renuncia a tomarse la educación en serio.
(Publicado en el semanario La Verdad el 16 de octubre de 2026)
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