EL GRAN HERMANO EDUCADOR
En ocasiones anteriores hemos insistido en la necesidad de que las familias ejerzan su autoridad en el ámbito educativo y que asuman que tienen mucho que decir y hacer ante el establecimiento -imposición más bien- de las políticas educativas que tienen como objetivo a sus hijos e hijas.
En la exhortación Familiaris consortio, S. Juan Pablo II advertía que “las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no sólo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. En este sentido las familias deben crecer en la conciencia de ser «protagonistas» de la llamada «política familiar», y asumir la responsabilidad de transformar la sociedad; de otro modo las familias serán las primeras víctimas de aquellos males que se han limitado a observar con indiferencia.” (n. 44)
Por desgracia, lo que se decía en 1981 se ha cumplido. En parte por pasividad, en parte también porque en los últimos años los mensajes que se han multiplicado a través de publicaciones, producciones audiovisuales, medidas políticas y económicas, incluso en los propios ámbitos educativos (escuelas de magisterio por ejemplo), han puesto bajo sospecha al principio y han negado abiertamente después la capacidad de las familias para definir los proyectos educativos dirigidos a sus hijos e hijas.
Abilio de Gregorio lo decía de manera precisa y verdadera: “Se ha pretendido extender entre los padres un sentimiento de incapacidad para educar a sus hijos -“A nosotros nadie nos preparó para ser padres...”, “educar hoy es muy difícil...”-. Durante un tiempo se han exhibido caricaturas de la intervención educadora de los padres modelo “Verano azul”, quién sabe si para justificar la necesidad de poner a los hijos en manos de los distintos “Chanquetes” que ofrecen las ideologías. Se niega abiertamente el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos fuera del ámbito familiar. No faltan, incluso, quienes en un falso alarde de defensa de la familia preconizan medidas sociales de sustitución de la misma, como puede ser la de habilitar los centros escolares durante la mayor parte del día, todos los días de la semana y casi todos los meses del año, con el fin de que los padres pongan a sus hijos en manos de funcionarios.” Todo esto, añadimos, planificando un “estado de bienestar” para que los padres no tengan más remedio que salir fuera del hogar a trabajar para poder llegar a fin de mes o para mantener su nivel de vida. Tranquilos: mientras, el Gran Hermano cuida de nuestros hijos.
Se viene a sentenciar que es a la sociedad -a los gobernantes- a quien corresponde establecer cuál es el modelo de persona a formar en los centros escolares y aun en la misma familia, ya que esta solo sería una pieza secundaria de la sociedad. El Estado es la suprema autoridad ética y educativa y los padres quedan reducidos a meros usuarios del sistema.
Si además, paradójicamente, se considera subsidiaria del Estado cualquier iniciativa privada en materia de educación, como hizo la Ley Maravall (LODE) en 1985 (¿cabe mayor perversión o subversión de los principios y de las palabras que utilizarlos en el sentido justamente contrario de su significado?), parece lógico que los padres se conviertan por este camino en correas de transmisión de la voluntad de los gobernantes dentro de su propio hogar.
(Publicado en el semanario La Verdad el 10 de febrero de 2023)
